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Infraestructura y contratos: claves para el futuro energético de Argentina

Periodista reportando noticias

El sector energético argentino enfrenta un nuevo desafío que va más allá de contar con recursos o tecnología: la transformación de proyectos en inversiones concretas depende ahora de redes adecuadas, contratos financiables y condiciones financieras sólidas. Esta fue una de las principales conclusiones de Energyear Argentina 2026, celebrado los días 16 y 17 de septiembre en el Faena Art Center de Buenos Aires. El evento reunió a más de 50 especialistas, autoridades, empresas desarrolladoras, generadores, entidades financieras y proveedores, quienes coincidieron en que la infraestructura eléctrica y la previsibilidad regulatoria son esenciales para acelerar nuevas inversiones en el país.

Contexto y antecedentes

Energyear Argentina 2026 se realizó en un momento clave para el sector energético del país. La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, destacó que, aunque Argentina posee una importante capacidad de generación y almacenamiento, la infraestructura de transmisión no acompaña al mismo ritmo. La capacidad de transporte eléctrico, la existencia de contratos financiables y la previsibilidad regulatoria son las principales restricciones que deben superarse. La reciente adjudicación de AlmaSADI, con 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos, refleja el interés de los inversores, pero también plantea el desafío de transformar estas adjudicaciones en activos operativos.

Desarrollo del sector energético

El contexto económico del sector energético en Argentina se caracteriza por una creciente demanda de energía y la necesidad de inversiones significativas para satisfacerla. Según datos presentados en Energyear, el precio adjudicado en AlmaSADI osciló entre u$s7.632 y u$s9.705 por MW-mes, con un promedio de u$s8.427. Sin embargo, más allá del costo de las baterías, el debate se centró en la necesidad de integrar sistemas completos que operen de manera segura en la red argentina. Icíar Vargas de Everyray LATAM afirmó: "No estamos hablando solamente de baterías, sino de un sistema completo que debe integrarse a la red". Además, el tratamiento aduanero de los equipos BESS fue otro punto discutido, ya que actualmente se aplica una tasa del 3%, mientras el sector solicita su reconocimiento como bienes de capital.

Datos de mercado

Argentina cuenta con 72 parques eólicos, 4.558 MW de potencia instalada y 1.249 aerogeneradores, con factores de capacidad entre 40% y 50%. La provincia de Neuquén, por ejemplo, produjo 7.700 GWh de energía hidroeléctrica en 2025, lo que representa el 25% del total hidroeléctrico nacional, frente a un consumo provincial de aproximadamente 2.200 GWh. Este desbalance resalta la necesidad de mejorar la capacidad de evacuación y calidad del suministro local. Para los próximos 10 a 15 años, la provincia proyecta inversiones superiores a u$s500 millones para nuevas conexiones al SADI, líneas de 132 kV y estaciones transformadoras.

Análisis de impacto

La situación actual del sector energético argentino presenta tanto oportunidades como desafíos. La capacidad de generación y almacenamiento puede crecer rápidamente, pero la infraestructura de transmisión sigue siendo un cuello de botella. Esto afecta no solo a la capacidad de exportación de energía, sino también al suministro local. Los ganadores potenciales son las empresas que logren cerrar contratos financiables y trabajar con previsibilidad regulatoria. Sin embargo, los riesgos son considerables para aquellos que no puedan asegurar estos aspectos. La capacidad de atraer inversiones adicionales, estimadas en unos u$s10.000 millones, dependerá de la capacidad del país para ofrecer un marco regulatorio estable y atractivo.

Cierre y perspectiva a futuro

De cara al futuro, el sector energético argentino debe enfocarse en superar las limitaciones de infraestructura y mejorar la previsibilidad regulatoria para atraer inversiones necesarias. Los próximos pasos incluyen la ejecución exitosa de los proyectos adjudicados en AlmaSADI y la implementación de políticas que garanticen la estabilidad y continuidad del marco regulatorio. Las prioridades deben centrarse en ampliar la capacidad de transporte eléctrico y desarrollar contratos más atractivos para los inversores. En las próximas semanas y meses, será crucial observar cómo se desarrollan estos proyectos y si el país logra posicionarse como un destino confiable para inversiones energéticas.

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