El Gobierno nacional ha vuelto a decidir la postergación de la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que estaba programada para entrar en vigencia en octubre pero que ahora se trasladará a noviembre. Esta decisión, oficializada a través del Decreto 1126/2026, busca evitar un incremento en los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores durante el mes de octubre, en un intento por mitigar la presión inflacionaria en un contexto económico desafiante.
Antecedentes de la medida
La política de posponer incrementos en los impuestos a los combustibles no es nueva para el Gobierno argentino. Desde 2025, se han realizado varias modificaciones en el calendario de ajustes, con el objetivo de mantener un esquema fiscal sostenible mientras se estimula el crecimiento económico. Los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan trimestralmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, pero el Ejecutivo ha optado por aplicar solo de manera parcial dichos incrementos.
Desarrollo y contexto económico
La decisión de postergar la actualización impositiva se inscribe en un contexto económico marcado por la volatilidad de los precios internacionales de la energía, exacerbados por las tensiones geopolíticas recientes en Medio Oriente. La medida busca aliviar la carga sobre los consumidores, aunque los precios de la nafta y el gasoil son también influenciados por otros factores de la estructura de costos y las decisiones comerciales de las petroleras. Según el decreto, los incrementos pendientes, que comprenden actualizaciones de 2024, 2025 y parte de 2026, serán efectivos a partir de noviembre, afectando así a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
Datos de mercado e implicaciones fiscales
El impacto fiscal de estas postergaciones es significativo. Consultoras como Economía y Energía estiman que las decisiones de diferir los incrementos en 2025 resultaron en una pérdida de ingresos de aproximadamente u$s2.326 millones. Desde 2021, la pérdida acumulada en recaudación fiscal por estos impuestos alcanzaría alrededor de u$s11.000 millones, según el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES). Estas cifras reflejan la magnitud de las decisiones gubernamentales en la economía nacional.
Análisis de impacto en el sector
La postergación de los impuestos sobre los combustibles tiene implicancias directas para el sector energético argentino. Por un lado, beneficia a los consumidores al mitigar aumentos inmediatos en los precios de la nafta y el gasoil. Sin embargo, también representa un desafío para las arcas fiscales del país, que dejan de percibir ingresos cruciales en un contexto de restricciones presupuestarias. En este sentido, el sector petrolero, que ya enfrenta presiones por la fluctuación de precios internacionales, podría encontrar en esta política una fuente de estabilidad temporal, aunque a costa de mayores déficits fiscales.
Perspectivas a futuro
De cara al futuro, el Gobierno deberá balancear la necesidad de mantener precios de combustibles accesibles con las restricciones fiscales que implica la postergación de impuestos. Con la actualización ahora prevista para noviembre, será fundamental observar cómo se desarrollan las condiciones económicas y geopolíticas globales, así como las respuestas del mercado petrolero local. Las decisiones futuras del Ejecutivo en torno a este tema serán claves para el manejo de la inflación y el equilibrio fiscal del país.
