La privatización de Transener, la principal transportista de electricidad en alta tensión de Argentina, ha entrado en su fase decisiva con la apertura de las ofertas económicas. Este proceso, crucial para el futuro del sistema energético del país, ha atraído a tres grandes jugadores del sector: el consorcio Genneia y Edison Transmisión, Central Puerto y Edenor. La competencia por el control de Transener no solo refleja el interés estratégico por este activo, sino que también ilustra la reconfiguración del poder dentro del sector energético local.
Una licitación de alto voltaje
La apertura de las ofertas económicas marca un punto de inflexión en el proceso de privatización de Transener, que se encamina a concretar la salida del Estado de la transportista eléctrica. Según los datos oficiales, el consorcio formado por Genneia y Edison Transmisión lidera la compulsa con una propuesta de u$s356.174.811,78. Central Puerto y Edenor le siguen con ofertas de u$s301 millones y u$s230 millones, respectivamente. Estas cifras no solo reflejan el valor que los actores del sector asignan a Transener, sino que también destacan la importancia de su red, que conecta los principales centros de generación de electricidad con los de consumo a lo largo del país.
Transener opera más de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión y su controlada Transba suma otros 6.228 kilómetros. La venta contempla la participación que Energía Argentina (Enarsa) posee en Citelec, el holding que controla el 52,65% de Transener. La adjudicación está prevista para mayo, según el cronograma oficial.
Contexto y valuaciones
El interés despertado por la privatización de Transener se explica por su papel crítico en el Sistema Argentino de Interconexión. La compañía representa un activo estratégico para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. En términos de valuación, las ofertas económicas presentan diferencias significativas. La propuesta de Genneia y Edison-Transmisión ubica el valor de Transener en torno a u$s1.350 millones, con una prima del 26% respecto de su capitalización bursátil al 27 de abril, y un salto del 73% frente al precio base de u$s206 millones fijado por el Gobierno.
Por su parte, la oferta de Central Puerto sugiere una valuación de aproximadamente u$s1.140 millones, mientras que la de Edenor se ubica en torno a u$s870 millones. Esta dispersión evidencia tanto un piso de valuación basado en flujos de caja regulados como la disposición de los jugadores estratégicos a pagar una prima por el control de la compañía.
Reconfiguración del sector energético
La licitación de Transener no solo es un evento financiero significativo, sino que también señala una tendencia hacia la concentración del negocio energético en manos de grupos locales con presencia transversal en toda la cadena. Genneia, presidida por Jorge Brito del Grupo Macro, se ha asociado con Edison Energía y ha avanzado en diversos negocios eléctricos. Central Puerto, la mayor generadora del país, ha expandido su presencia hacia Vaca Muerta, mientras que Edenor, la principal distribuidora del AMBA, forma parte de Integra Capital.
El proceso de privatización se enmarca en el Decreto 286/2025, que habilita la venta de activos de Enarsa. La preselección de los oferentes fue aprobada por el Ministerio de Economía, después de que la Comisión Evaluadora verificara el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Perspectivas futuras
El desenlace de esta licitación tendrá implicaciones profundas para el sector energético argentino. La adjudicación de Transener no solo afectará la estructura del mercado eléctrico, sino que también podría influir en futuras privatizaciones y concesiones que el Gobierno busca concretar antes de fin de año. Además, la participación de actores con fuerte presencia en generación, distribución y hasta hidrocarburos sugiere un enfoque integrado hacia la expansión y modernización del sistema energético nacional.
Con la privatización de Transener, Argentina se enfrenta a un cambio de paradigma en su política energética, con el desafío de asegurar un equilibrio entre inversión privada y regulación estatal que garantice la estabilidad y eficiencia del suministro eléctrico a lo largo del país.
