En una jornada decisiva para el sector energético argentino, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que propone cambios significativos en el régimen de Zona Fría. Este esquema, crucial para el mercado de gas natural, ha sido objeto de debate tras su ampliación en 2021. Con 132 votos a favor, la iniciativa ahora espera su turno en el Senado para convertirse en ley.
Contexto y Alcance de la Reforma
El régimen de Zona Fría, instaurado en 2002, fue diseñado para aliviar las facturas de gas de los usuarios residenciales en regiones con climas extremadamente fríos, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Sin embargo, en 2021, la Ley 27.637, impulsada por Máximo Kirchner, expandió su alcance a zonas de climas más templados y económicamente activas, como partes de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Esta ampliación incrementó el número de beneficiarios a más de 4 millones, convirtiéndose en un pilar de los subsidios energéticos nacionales.
El proyecto actual busca retornar parcialmente al esquema original, pero con un cambio crucial en el cálculo del subsidio. En lugar de aplicar descuentos del 30% o 50% sobre el total de la factura, el nuevo modelo limita el subsidio al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esto significa que los cargos por distribución y transporte troncal ya no estarán subsidiados, lo que podría elevar las facturas de gas.
Impacto Económico y Social
La reforma podría tener un impacto notable en las facturas de gas, especialmente en regiones como Neuquén, donde se anticipa un incremento promedio del 20% en las tarifas residenciales. En áreas con climas más severos y menor densidad poblacional, como Tierra del Fuego, el aumento podría llegar hasta el 30%. En contraste, los usuarios agregados al régimen en 2021, que ahora quedarían excluidos, enfrentarán aumentos aún más significativos al perder descuentos anteriores.
Según fuentes del sector, esta reforma es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para reducir el peso fiscal de los subsidios energéticos. Actualmente, el Tesoro Nacional debe cubrir entre 300 y 400 millones de dólares anuales para sostener el régimen de Zona Fría, un costo que se busca reducir en línea con las políticas de ajuste fiscal y reducción de subsidios energéticos promovidas por la administración de Javier Milei.
Perspectivas y Desafíos Futuros
La discusión sobre el régimen de Zona Fría no solo trata sobre cifras y recortes, sino que también reaviva el debate sobre la política energética argentina. En un contexto de restricción fiscal, la cuestión de hasta dónde extender los subsidios energéticos sigue siendo un tema candente. La reforma también pone de relieve la necesidad de un sistema más focalizado y eficiente que pueda equilibrar las necesidades de los usuarios vulnerables y las restricciones fiscales del país.
En cuanto a los próximos pasos, el proyecto deberá ser debatido y aprobado por el Senado. De lograr sanción completa, se espera que el gobierno implemente estos cambios con miras a una transición ordenada que minimice el impacto en los usuarios más vulnerables.
El sector energético argentino se enfrenta a un momento de redefinición, donde las decisiones legislativas y regulatorias jugarán un papel clave en su futuro. Las reformas en el régimen de Zona Fría podrían ser la primera de varias medidas destinadas a reconfigurar el paisaje energético del país, alineando las políticas internas con tendencias globales hacia la eficiencia y sostenibilidad.
