La ciudad de Olavarría ha reavivado el debate en torno al llamado 'impuesto al viento' al introducir la 'Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene' (TISH) sobre los parques eólicos locales. Esta medida, que recuerda intentos similares en Puerto Madryn en 2020, busca aplicar un gravamen del 1,38% sobre la facturación de las energías renovables. Sin embargo, tras negociaciones con las empresas, se acordó un cobro de entre USD 700 y 850 por megavatio (MW) de potencia instalada. Esta decisión del municipio, liderado por Maximiliano Wesner, se enmarca en un intento de aumentar los ingresos municipales para cubrir gastos en un contexto económico desafiante.
Contexto: el origen del 'impuesto al viento'
La idea de gravar las energías renovables no es nueva en Argentina. En 2020, en la ciudad de Puerto Madryn, se intentó implementar un impuesto similar que generó polémica y protestas por parte de las empresas del sector. El argumento de los municipios generalmente se basa en la necesidad de generar ingresos adicionales para servicios básicos. Sin embargo, la Ley 27.191 había establecido exenciones impositivas hasta diciembre de 2025 para incentivar las inversiones en energías limpias. En mayo de 2026, la Cámara de Diputados prolongó esta exención por veinte años más, y el Senado respaldó la medida, extendiéndola hasta 2045.
Desarrollo de la medida en Olavarría
Olavarría, con sus cuatro parques eólicos que suman 82 aerogeneradores, se ha convertido en un punto focal de la discusión. El Parque Eólico Cementos Avellaneda, operado por YPF Luz, es uno de los más destacados con 9 aerogeneradores y 84 MW de potencia. El nuevo gravamen busca recaudar entre USD 360.000 y 380.000 anuales, cifra que representa un ingreso significativo para el municipio. Las empresas del sector, tras aceptar el acuerdo que incluye estabilidad fiscal por 20 años, siguen preocupadas por el alcance de la inspección municipal, ya que los parques están sujetos a controles nacionales. Gustavo Castagnino, de Genneia, expresó su preocupación por lo que considera 'impuestos encubiertos'.
Datos de mercado: el impacto económico
La implementación de esta tasa ocurre en un contexto donde la inversión y el desarrollo de energías renovables son cruciales para el futuro energético de Argentina. El país ha visto un crecimiento constante en la instalación de parques eólicos, con una capacidad total instalada que supera los 3.000 MW, representando aproximadamente el 10% de la matriz energética nacional. La decisión de Olavarría podría influir en futuras inversiones en el sector, considerando que el país busca alcanzar un 20% de energías renovables en su matriz para 2025. Comparativamente, el costo de instalación de un MW eólico en Argentina ronda los USD 1,5 millones, cifra que pone en perspectiva los ingresos esperados por el municipio.
Análisis de impacto: implicaciones para el sector
Este nuevo capítulo en la fiscalidad de las energías renovables plantea preguntas sobre la viabilidad de futuros proyectos en Argentina. Si bien la estabilidad fiscal es un atractivo para las empresas, la incertidumbre creada por impuestos locales podría desincentivar la inversión. Las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que limitan la base imponible de las tasas municipales, podrían servir de precedente para cuestionar este tipo de gravámenes en todo el país. Las empresas podrían ver en estos fallos una oportunidad para proteger sus inversiones y evitar tasas que consideran arbitrarias.
Perspectivas futuras: ¿qué esperar?
El escenario futuro para las energías renovables en Argentina dependerá en gran medida de cómo se resuelva este tipo de conflictos fiscales. La extensión de las exenciones impositivas hasta 2045 es una señal positiva, pero la aplicación de tasas municipales podría contrarrestar estos incentivos. Las empresas del sector deberán vigilar de cerca la evolución de las normativas locales y los posibles litigios, mientras trabajan en fortalecer su relación con las comunidades. En las próximas semanas, se espera que el sector continúe debatiendo sobre la mejor manera de equilibrar las necesidades fiscales locales con la promoción de inversiones sostenibles.
