El reciente Decreto 253/2026 ha generado un nuevo escenario en Argentina al delegar en nueve provincias la facultad de otorgar concesiones sobre tramos de rutas nacionales. Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz son las jurisdicciones que, a partir de ahora, tendrán la responsabilidad de gestionar operativamente estos tramos viales. Esta medida busca dinamizar el desarrollo de infraestructura esencial para sectores estratégicos como el minero y energético. La importancia de este cambio radica en que las rutas nacionales son vitales para la competitividad de estas industrias, especialmente en áreas donde la actividad productiva es intensa.
Un Nuevo Marco para la Infraestructura
El mecanismo elegido para estas concesiones es el de obra pública por peaje, regulado por la Ley N° 17.520. Aunque el Estado Nacional conserva la titularidad del dominio y la jurisdicción, son las provincias las que ahora asumen la gestión operativa de las contrataciones. Este sistema es temporal y revocable, y se prevé la firma de convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para definir aspectos operativos. La novedad del sistema trae consigo tanto oportunidades como desafíos que deben ser cuidadosamente considerados por los actores involucrados.
El financiamiento de estas obras es el aspecto crítico. La concesión por peaje se basa en la expectativa de que los ingresos generados por el tránsito vehicular sean suficientes para cubrir los costos de las obras y la remuneración de los concesionarios. Sin embargo, en un país donde las rutas de menor densidad de tráfico rara vez cumplen con esta premisa, las provincias enfrentan el desafío de cerrar la brecha financiera.
Opciones de Financiamiento y el Rol del Sector Privado
Existen varias alternativas para abordar este desafío financiero. Una opción es el aporte del Estado Nacional, aunque el decreto no lo contempla explícitamente, y el contexto fiscal actual limita su viabilidad. Otra posibilidad es el financiamiento de organismos multilaterales como el BID, la CAF o el Banco Mundial, que ofrecen líneas para infraestructura subnacional. No obstante, este camino suele requerir plazos prolongados y la capacidad de las provincias para estructurar proyectos complejos.
La tercera opción, y quizás la más atractiva desde una perspectiva financiera, es fomentar la participación del sector privado. Empresas con intereses directos en la infraestructura, especialmente en áreas mineras o energéticas, pueden ver el cofinanciamiento de estas obras como una inversión estratégica. El deterioro de las rutas puede representar mayores costos operativos que superan el costo de la inversión en infraestructura. Actualmente, bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), hay comprometidos casi 100.000 millones de dólares en proyectos que dependen de un acceso vial adecuado para su desarrollo.
Desafíos y Perspectivas a Futuro
El modelo propuesto enfrenta varios desafíos. La revocabilidad de la delegación genera incertidumbre para los contratos a largo plazo, ya que los inversores necesitan estabilidad jurídica para comprometerse con inversiones significativas. Además, la capacidad técnica de las provincias para llevar adelante estos procesos varía considerablemente. Un modelo exitoso en Córdoba o Mendoza podría no ser replicable en provincias con menos experiencia en concesiones.
Asimismo, es crucial establecer un sistema tarifario claro a nivel provincial que defina cómo se fijan y ajustan los peajes. La rentabilidad de cualquier concesión depende de decisiones tarifarias que podrían alterar la ecuación económica de los proyectos.
En conclusión, el Decreto 253/2026 representa una herramienta innovadora con potencial para catalizar la infraestructura en corredores estratégicos de Argentina. En un contexto donde sectores como la minería, energía y agroindustria son motores económicos con alta intensidad de capital, pero baja generación de empleo directo, la concesión de obras viales podría impulsar el empleo y el desarrollo regional. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de las provincias para superar los desafíos financieros y regulatorios, y de la voluntad del sector privado para participar activamente en el financiamiento de estas obras clave para el futuro del país.
