Anulación de la condena
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto la condena de u$s16.100 millones impuesta a Argentina por la expropiación de YPF en 2012. Esta decisión sigue la línea del fallo favorable al Estado argentino emitido en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. La resolución formaliza la eliminación de uno de los mayores pasivos judiciales del país en el extranjero.
Contexto del fallo
En septiembre de 2023, Preska había condenado a Argentina por presunto incumplimiento del estatuto de YPF durante su estatización. Sin embargo, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones revocó esta condena al considerar que las reclamaciones por incumplimiento contractual carecían de sustento jurídico bajo el derecho argentino aplicable. La reciente sentencia de Preska adapta su resolución original a lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones.
Recurso ante la Corte Suprema
A pesar de la anulación de la condena, los demandantes, que incluyen a las sociedades Petersen Energía y Eton Park, han presentado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo es revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones. Burford Capital, que financia el litigio, busca que el máximo tribunal revise la interpretación jurídica que desestimó las reclamaciones. La Corte Suprema deberá decidir si acepta intervenir en el caso, lo que implicaría una nueva etapa judicial.
Impacto económico para Argentina
La anulación de la condena es un resultado significativo para Argentina debido a la magnitud de la indemnización que había sido fijada. El monto original, que continuó acumulando intereses, representaba una contingencia considerable para las finanzas del país. La decisión de la Cámara de Apelaciones y la formalización por parte de Preska eliminan esta obligación judicial. Sin embargo, la revisión del caso por la Corte Suprema mantiene un grado de incertidumbre.
Origen del conflicto
El litigio se originó tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol, aprobada por el Congreso argentino en 2012 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los accionistas minoritarios argumentaron que el Estado argentino debía realizar una oferta pública de adquisición, lo que no ocurrió, iniciando una reclamación por presuntos perjuicios económicos.
Próximos pasos
El caso ahora depende de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre si acepta el recurso presentado por los demandantes. Hasta entonces, la multimillonaria condena contra Argentina permanece anulada y el expediente de primera instancia cerrado, marcando un avance procesal para el Estado nacional.
Fuente: ambito.com
