La exploración minera en México ha registrado una caída del 14,2% desde 2024, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM). Este descenso, que se suma a una contracción del 11,5% en el mismo período del año anterior, refleja las consecuencias directas de la Reforma Minera de 2023 impulsada por la administración de López Obrador. En un contexto donde la geología de clase mundial parece perder peso frente a la incertidumbre jurídica y demoras en los permisos, el sector enfrenta un desafío crítico.
Impacto de la Reforma Minera de 2023
La Reforma Minera de 2023 trajo consigo cambios estructurales significativos que han afectado la exploración minera en el país. Esta reforma otorgó al Servicio Geológico Mexicano (SGM) el monopolio de la exploración en nuevas áreas, redujo los plazos de las concesiones y reforzó los requisitos de Consulta Libre, Previa e Informada con comunidades indígenas. Además, propuso un incremento en los derechos mineros del 7,5% al 8,5%. Estos ajustes han generado un ambiente de incertidumbre sobre las reglas de operación, tanto para los proyectos existentes como para los futuros.
El amparo constitucional presentado por empresas del sector sigue pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que mantiene un limbo jurídico que dificulta la planificación y la modelación de riesgos para los inversionistas. Zulma Herrera, de Implacable Enterprises, señaló que "un inversionista prefiere un yacimiento ordinario con reglas claras a uno extraordinario con incertidumbre". Esta percepción ha llevado a una reconfiguración de portafolios, con menos proyectos nuevos, menor cantidad de geólogos en el campo y una reducción de contratos con proveedores locales de servicios técnicos.
Competencia regional y oportunidades para Argentina
Mientras México enfrenta estos desafíos, la competencia en la región se intensifica. Argentina ha registrado un crecimiento del 29,2% en exportaciones mineras en 2025, impulsado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece estabilidad fiscal por 30 años. Chile, por su parte, mantiene su liderazgo mundial en cobre, aunque enfrenta demoras en permisos y debates sobre la participación estatal en la explotación de litio.
En México, la etapa de exploración alimenta toda la cadena productiva minera. La caída en esta área implica que habrá menos minas nuevas en producción hacia 2030-2032. Aunque la producción de valor en 2024 alcanzó los US$17.500 millones, con un crecimiento del 15,9% impulsado por los altos precios del oro y la plata, este desempeño se basa en minas ya existentes y no compensa la falta de nuevos proyectos en exploración.
Perspectivas a futuro en el sector minero mexicano
La contracción en la exploración minera también tiene un impacto directo en el empleo. El sector genera 400.000 puestos directos y 2,5 millones de empleos indirectos. Cada punto porcentual de baja en la exploración se traduce en menos contratos para servicios técnicos, geólogos y proveedores de insumos. La administración de la presidenta Sheinbaum ha mostrado un giro pragmático con medidas como la reducción del backlog de permisos en Zacatecas, la firma del Plan México-EUA de Minerales Críticos y el paso a un modelo mixto en litio. Sin embargo, estas acciones aún no logran revertir la tendencia de dos años de caída.
Según el Fraser Institute, México mejoró al lugar 49 en el índice de atractivo para inversión minera en 2024, desde el 74 anterior, aunque sigue por debajo de su potencial geológico. La clave, según el análisis del sector, pasa por lograr certeza jurídica sostenida y tiempos de permiso predecibles, especialmente a la espera de la resolución de la SCJN sobre la Reforma Minera de 2023.
La situación en México presenta una oportunidad para Argentina, que con sus políticas de incentivo a la inversión podría atraer capital que busca estabilidad y reglas claras. En un contexto global donde la minería sigue siendo crucial para la transición energética y la demanda de minerales críticos aumenta, la certidumbre jurídica y el marco regulatorio amigable se vuelven más relevantes que nunca.
