Córdoba y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones
En octubre de 2024, Córdoba se adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema diseñado para promover inversiones importantes en sectores estratégicos como la minería. Sin embargo, hasta agosto de 2026, la provincia no había logrado aprobar ni evaluar ningún proyecto minero bajo este régimen. Esta situación contrasta con otras provincias argentinas donde 13 de los 17 proyectos presentados a nivel nacional han sido aprobados, representando compromisos de inversión cercanos a los u$s21.000 millones.
Factores que frenan la minería en Córdoba
Un informe privado elaborado por Santino Righetti Sagrera, abogado especializado en derecho minero, identifica varios obstáculos que impiden que Córdoba capte inversiones mineras a pesar de su adhesión al RIGI. Entre los principales problemas se encuentran la Ley 9.526, las demoras administrativas y la falta de previsibilidad.
Córdoba cuenta con 558 registros de yacimientos, de los cuales 150 son depósitos metalíferos. Sin embargo, estos registros no se traducen automáticamente en reservas explotables. Parte del problema radica en que la información geológica disponible está desactualizada, lo que dificulta la exploración y evaluación de potenciales proyectos.
La Ley 9.526 y sus implicaciones
La Ley 9.526, sancionada en 2008, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de sustancias químicas peligrosas en Córdoba, lo que limita el tipo de proyectos que pueden desarrollarse. Aunque la ley no prohíbe toda actividad minera, las restricciones afectan especialmente a los proyectos metalíferos que utilizan procesos de lixiviación, una práctica común en otras provincias que han atraído inversiones bajo el RIGI.
La constitucionalidad de esta ley ha sido cuestionada, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han ratificado su validez. Según el informe, cualquier modificación a esta normativa requeriría una decisión política de la Legislatura provincial.
Demoras administrativas y falta de previsibilidad
Más allá de las restricciones legales, el informe de Righetti Sagrera señala que Córdoba enfrenta demoras administrativas significativas. Los trámites para inscripciones y reactivaciones de pertenencias mineras son lentos, lo que desalienta el desarrollo de proyectos que sí están permitidos bajo la legislación vigente.
El informe destaca que los procedimientos administrativos en la Secretaría de Minería provincial no avanzan con la celeridad necesaria, afectando incluso a actividades que no están sujetas a las prohibiciones de la Ley 9.526. Esto incluye retrasos en el Registro Único de Actividades Mineras (RUAMI) y en la reactivación de minas inactivas.
En resumen, aunque Córdoba se ha adherido al RIGI, las restricciones normativas y las demoras administrativas han impedido que la provincia materialice proyectos mineros concretos, en contraste con otras regiones del país que han logrado avances significativos bajo el mismo régimen.
Fuente: ambito.com
