Tensión entre el Gobierno y la oposición por la ley de emergencia en discapacidad
El Gobierno enfrenta un desafío tras el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad, mientras busca una solución que respete el equilibrio fiscal.
La Cámara de Diputados ha rechazado el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, lo que ha dejado abierta la posibilidad de que esta ley entre en vigencia si el Senado también rechaza el veto. Esta situación ha generado una respuesta inmediata por parte del Gobierno, que ha anunciado su intención de judicializar la medida, argumentando que su implementación violaría la ley de Administración Financiera al no contar con un financiamiento claro.
El Ejecutivo ha expresado su preocupación por el impacto de la medida en el equilibrio fiscal, pero también ha reconocido la importancia de atender las necesidades de las personas con discapacidad. En respuesta, el Gobierno ha considerado una reasignación de partidas para asistir a esta población vulnerable, aunque ha reiterado su rechazo a cualquier gasto que no esté debidamente financiado.
El vocero del Gobierno, Manuel Adorni, ha señalado que se está evaluando un aumento en las prestaciones para discapacidad, con el objetivo de mejorar la cobertura médica y terapéutica en todo el país. Este aumento podría ser financiado gracias a los ahorros obtenidos mediante auditorías de pensiones por invalidez mal otorgadas.
En paralelo, en la Casa Rosada se ha celebrado el fracaso de la oposición en revertir el veto a la ley de mejoras en las jubilaciones, una medida que, según el Gobierno, habría afectado negativamente al fisco. A pesar de las tensiones políticas, el oficialismo se mantiene firme en su postura de proteger el equilibrio fiscal mientras busca soluciones para las necesidades de la población vulnerable.
