Tensión en el Senado por el futuro de Nucleoeléctrica Argentina
En una sesión cargada de controversias, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que busca garantizar la participación provincial en el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Impulsado por Sergio Berni, titular del bloque peronista, el proyecto surgió ante la preocupación de que la provincia no quedara al margen de decisiones sobre activos estratégicos ubicados en su territorio. La empresa, encargada de operar las centrales nucleares del país, representa un pilar fundamental para el desarrollo energético y tecnológico de Argentina.
Contexto y antecedentes
La aprobación del proyecto por parte del Senado bonaerense responde a un contexto de crecientes debates sobre la privatización de empresas estatales estratégicas en Argentina. Nucleoeléctrica Argentina S.A., controlada mayoritariamente por el Ministerio de Economía con un 79% de las acciones, es responsable de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, que juntas aportan el 7% de la energía eléctrica nacional. La discusión se intensificó cuando en 2025 la empresa registró un superávit de más de 700 millones de dólares, lo que subrayó su importancia económica.
Desarrollo del debate económico
El proyecto de Berni generó disputas entre los legisladores de Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Mientras que Berni criticó lo que considera un desmantelamiento de la infraestructura crítica del país, el senador de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, defendió la iniciativa señalando que solo se privatizaría una porción minoritaria de la empresa. Según de Urraza, este movimiento podría potenciar las exportaciones energéticas, un sector que ya se posiciona como uno de los principales exportadores argentinos. Este debate se enmarca en una estrategia del Gobierno nacional para equilibrar las reglas del juego respecto a la generación de energía desde diversas fuentes.
Datos de mercado
Nucleoeléctrica Argentina alcanzó en 2024 un récord de generación con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%. La empresa, con una potencia instalada de 1763 MW, tiene una valuación estimada entre 560 millones y 1000 millones de dólares, según analistas del sector. Durante 2023, recibió transferencias de capital no reintegrables del Estado por valor de 700 millones de pesos, cerca de 2 millones de dólares a noviembre de ese año. Estos datos refuerzan la percepción de Nucleoeléctrica como un activo valioso en el mercado energético argentino.
Análisis de impacto
La decisión de avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina podría tener profundas implicaciones para el sector energético del país. Mientras algunos actores ven la privatización como una oportunidad para optimizar la operación y aumentar la competitividad del sector, otros temen que se comprometa la soberanía energética nacional. Ganadores potenciales incluyen inversores privados que podrían capitalizar un sector en crecimiento, mientras que las perdedoras podrían ser las políticas públicas que dependían de un control estatal más robusto.
Perspectivas a futuro
Con el proyecto ahora en manos de la Cámara de Diputados, las semanas siguientes serán clave para el futuro de Nucleoeléctrica Argentina. Se espera un intenso debate sobre las condiciones de la privatización y el papel del Estado en la gestión de recursos energéticos críticos. Los próximos pasos incluirán la definición de los términos de la participación privada y el desarrollo de un marco regulatorio que garantice la seguridad energética del país. El desenlace de este proceso ofrecerá indicios sobre la dirección futura de la política energética argentina y su alineación con tendencias globales de privatización y eficiencia.
