Tras un intenso debate de cuatro horas, el Senado de la Nación Argentina otorgó media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (26.639), con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Este avance legislativo no solo contó con el respaldo del oficialismo y sus aliados, sino también con el apoyo de sectores del Partido Justicialista (PJ) de provincias con fuerte actividad minera.
Contexto y Detalles de la Reforma
La propuesta, que aún debe ser tratada en la Cámara de Diputados, busca redefinir el ámbito de protección de los glaciares y las geoformas periglaciales, centrándose principalmente en aquellas que cumplen funciones hídricas relevantes. Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República (OPRA), esta reforma responde a un reclamo histórico de provincias como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la redistribución de competencias, otorgando a las provincias un rol preponderante en la evaluación de impacto ambiental (EIA) y en la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, bajo la supervisión del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Esta modificación implica que las prohibiciones sobre actividades como la minería e hidrocarburos dependerán de la determinación provincial sobre la función hídrica de cada geoforma.
Implicaciones para el Sector Minero Argentino
La minería, un sector clave para la economía argentina, podría verse directamente beneficiada por estos cambios legislativos. El proyecto busca eliminar lo que el gobierno describe como "distorsiones ideológicas" y "trabas artificiales" que han limitado el desarrollo económico en regiones con potencial minero. La industria minera en Argentina ha enfrentado desafíos regulatorios y ambientales que han ralentizado el crecimiento de proyectos, especialmente en zonas ricas en minerales pero ambientalmente sensibles.
El marco regulatorio argentino, con leyes como la RIGI (Regulación de Impacto Geológico e Hidrológico), ha sido objeto de críticas por parte de actores del sector privado que demandan mayores certezas y flexibilidad para la inversión. Según datos recientes, la inversión en minería en Argentina ha sido significativamente menor comparada con países vecinos como Chile o Perú, que ofrecen marcos regulatorios más atractivos para los inversores internacionales.
Perspectivas a Futuro
De ser aprobada por la Cámara de Diputados, esta reforma permitiría a Argentina capitalizar de manera más efectiva sus recursos naturales, alineándose con tendencias globales que buscan un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, los críticos advierten sobre el riesgo de que la devolucion de competencias a las provincias pueda generar disparidades en la aplicación de políticas ambientales, lo que podría crear un mosaico regulatorio complicado para las empresas mineras.
El presidente ha agradecido a los legisladores que apoyaron la medida, afirmando que este es un paso hacia un "federalismo real" que equilibra la protección ambiental con el crecimiento económico. Con reglas más claras, Argentina podría estar mejor posicionada para atraer inversiones en un contexto global donde la demanda de minerales para tecnologías limpias sigue en aumento.
En conclusión, la media sanción del Senado a la reforma de la Ley de Glaciares representa un punto de inflexión para el sector minero argentino. Si bien el camino hacia la implementación efectiva todavía enfrenta desafíos, el potencial para reactivar proyectos mineros en zonas periglaciales es significativo, ofreciendo una oportunidad para revitalizar la economía regional y nacional.
