Reforma Energética en Argentina: Cambios en Subsidios y Tarifas de Luz y Gas
El gobierno argentino implementa una reforma estructural en el esquema de subsidios energéticos, afectando las tarifas de luz y gas y buscando reducir el gasto público.
La reciente salida de Marco Lavagna como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha reavivado la discusión en torno al nuevo índice de inflación, el cual ahora pondera más el impacto de los servicios públicos como la luz y el gas. Este cambio se da en el contexto de la política energética del gobierno de Javier Milei, que busca reducir el gasto público y sostener el superávit fiscal, lo que se espera tenga un efecto significativo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El gobierno argentino ha avanzado con una reforma estructural del esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas, eliminando el sistema de segmentación vigente desde 2022. Esta reforma busca ajustar el gasto público y mantener el superávit fiscal, lo que tendrá un impacto directo en el IPC. El nuevo esquema de subsidios, acordado en parte con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un crédito de 20.000 millones de dólares, debía implementarse a fines de 2025, pero su presentación ha sido postergada.
La nueva política energética reduce el universo de hogares que reciben subsidios, limitando los descuentos al consumo básico y clasificando a los usuarios en dos categorías: subsidiados y no subsidiados. Solo los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) podrán acceder a subsidios, que ahora estarán más focalizados en los sectores con menores ingresos.
En cuanto a las tarifas, a partir de febrero, se espera un aumento promedio del 3,59% en la electricidad para usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y un incremento del 16,86% en las tarifas de gas a nivel nacional. Estos ajustes responden a la revisión tarifaria quinquenal y al nuevo esquema de subsidios energéticos.
El nuevo modelo implica un subsidio del 50% en el costo de la energía eléctrica, pero solo para un bloque básico de consumo. En el caso del gas, los subsidios del 50% se aplicarán únicamente durante los meses de mayor consumo, de abril a septiembre.
Uno de los objetivos clave de esta reforma es la depuración del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), con la identificación de 2,6 millones de hogares que no cumplían los requisitos para recibir subsidios. Este ajuste permitirá reducir el gasto público en subsidios energéticos, un componente significativo del déficit fiscal en la última década.
En conclusión, la eliminación de la segmentación tarifaria y la implementación de un nuevo esquema de subsidios reflejan un cambio estructural en la política energética argentina. Este enfoque busca reducir la asistencia estatal y trasladar gradualmente el costo de la energía a los usuarios, afectando la economía doméstica de millones de argentinos y convirtiéndose en un factor clave en la evolución del costo de vida durante 2026.
