Nueva reglamentación busca mejorar la competitividad del petróleo convencional argentino
El Gobierno argentino ha implementado una nueva reglamentación para reducir la carga fiscal sobre las exportaciones de petróleo convencional, con el objetivo de sostener la actividad en yacimientos maduros y mejorar la competitividad en el mercado internacional.
El reciente marco operativo para la reducción de derechos de exportación del crudo convencional en Argentina ha sido establecido a través de la Resolución 42/2026 por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía. Este procedimiento técnico y administrativo es fundamental para aplicar el esquema diferencial previsto en el Decreto 59/2026, que busca sostener la actividad en yacimientos maduros y mejorar la competitividad de las exportaciones.
La nueva normativa no modifica las alícuotas existentes, sino que define cómo calcular y validar los volúmenes de petróleo convencional que se beneficiarán de la reducción fiscal. Este esquema, basado en los parámetros del Decreto 59/2026, modifica la estructura vigente desde 2020, elevando los umbrales de precios que activan las retenciones. De esta manera, se reduce la carga tributaria en contextos de precios internacionales moderados.
El derecho de exportación está vinculado al precio internacional del Brent y se estructura en tres escenarios: 0% cuando el precio es igual o inferior a 65 dólares por barril, una alícuota creciente entre 65 y 80 dólares, y hasta un 8% cuando supera los 80 dólares. Este diseño proporciona previsibilidad y protege la rentabilidad de los productores en contextos de precios bajos, sin renunciar a la captación de renta en mercados alcistas.
La medida impacta principalmente en provincias con yacimientos maduros, como Chubut, Santa Cruz y Neuquén, que han participado en acuerdos con el Gobierno para sostener la actividad. También se verán beneficiadas, aunque en menor medida, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego. La mejora del esquema impositivo busca sostener la producción, extender la vida útil de los campos maduros y preservar el empleo y la inversión en economías regionales vinculadas al petróleo.
El mecanismo para determinar qué volúmenes de exportación pueden acceder al beneficio se basa en la proporción de petróleo convencional dentro de la producción total de cada área. Las empresas deben presentar declaraciones juradas con datos de producción y volúmenes exportados, lo que permite a las autoridades calcular un porcentaje ponderado de crudo convencional aplicable al volumen exportado. Una vez validado, se emite un certificado que habilita la alícuota reducida.
Esta normativa es parte de una estrategia más amplia acordada entre el Estado nacional, provincias productoras y empresas para sostener la actividad en campos convencionales, que enfrentan mayores costos y declino natural ante el avance del no convencional. El impacto económico esperado es doble: mejorar el flujo de caja de los operadores y la competitividad del crudo argentino en el mercado internacional, y preservar la actividad en segmentos del upstream relevantes para el abastecimiento y las economías provinciales.
