En un paso significativo para el sector energético argentino, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía ha implementado la Resolución 42/2026, que establece un marco técnico y administrativo para la reducción de derechos de exportación del crudo convencional. Esta medida se enmarca dentro del Decreto 59/2026 y apunta a sostener la actividad en yacimientos maduros y mejorar la competitividad de las exportaciones de petróleo.
Un alivio fiscal estratégico
La reducción de retenciones al petróleo convencional se configura como un elemento clave para mantener la competitividad del sector en un entorno de precios internacionales moderados. Según el nuevo esquema, el derecho de exportación se ajusta en función del precio internacional del Brent, con alícuotas que varían desde el 0% cuando el precio del barril está por debajo de los 65 dólares, hasta un máximo del 8% cuando supera los 80 dólares. Este diseño busca proteger la rentabilidad de los productores, proporcionando previsibilidad y estabilidad en contextos de precios menos favorables.
Este alivio fiscal es especialmente relevante para provincias como Chubut, Santa Cruz y Neuquén, donde los yacimientos maduros tienen un peso considerable en la economía regional. El esquema también beneficia a Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego en menor medida, donde la producción convencional sigue siendo significativa.
Procedimiento y aplicación
La resolución establece un procedimiento claro para determinar qué parte de las exportaciones puede acceder al beneficio fiscal. Las empresas deben presentar declaraciones juradas con datos detallados de producción y exportación, lo que permite a la autoridad competente calcular el volumen de crudo convencional beneficiado. Este proceso culmina con la emisión de un certificado complementario que habilita la aplicación de la alícuota reducida.
Además, la reglamentación contempla la cesión del beneficio entre empresas bajo ciertas condiciones, introduciendo así una mayor flexibilidad operativa. Este aspecto es crucial para facilitar la aplicación del régimen a diversos actores del mercado, incluyendo a productores y exportadores que comercializan crudo adquirido a terceros.
Impacto en el sector energético argentino
El impacto de esta medida en el sector energético argentino es significativo. Al reducir la presión fiscal efectiva, el Gobierno busca mejorar los márgenes de exportación y evitar la caída de producción en los yacimientos convencionales. Esto resulta esencial para preservar el empleo y la inversión en regiones petroleras tradicionales, que enfrentan desafíos crecientes frente al avance de los recursos no convencionales.
Desde una perspectiva económica, la resolución no solo mejora los flujos de caja de los operadores, sino que también fortalece la competitividad del crudo argentino en el mercado internacional. En un contexto global donde los precios de los commodities son volátiles, estas medidas son fundamentales para sostener la actividad en segmentos del upstream que continúan siendo relevantes para el abastecimiento y las economías provinciales.
Perspectivas a futuro
La Resolución 42/2026 se convierte en una herramienta operativa crucial para poner en marcha un incentivo clave para el petróleo convencional, un recurso que, a pesar de ser fósil y no renovable, sigue siendo la base de la producción de combustibles y derivados petroquímicos. En el futuro inmediato, se espera que esta medida impulse un aumento en las inversiones en yacimientos maduros y contribuya a extender la vida útil de estos campos.
En el largo plazo, el éxito de esta reglamentación podría servir de modelo para otras iniciativas destinadas a equilibrar la carga fiscal en el sector energético, especialmente en un país como Argentina, donde la matriz energética sigue dependiendo en gran medida de los hidrocarburos. La implementación efectiva de estas políticas podría ser determinante para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental del sector energético argentino en los próximos años.
