Mendoza y San Juan defienden adecuación de la Ley de Glaciares en debate parlamentario
Las provincias de Mendoza y San Juan expresan su apoyo a la reforma de la Ley de Glaciares, destacando la necesidad de mejorar la información y la aplicación efectiva de la normativa para proteger las reservas hídricas sin comprometer el desarrollo económico.
En el contexto de un inminente debate en el Senado sobre la adecuación de la Ley de Glaciares, previsto para el 26 de febrero, las provincias de Mendoza y San Juan han manifestado su postura a favor de una actualización del marco normativo. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, ha subrayado la importancia de esta reforma para mejorar la calidad de la información y asegurar la aplicación efectiva de la ley en el territorio. Según Latorre, la adecuación no busca modificar la protección ambiental, sino hacer que la norma sea operativa y efectiva, evitando que quede en letra muerta.
La propuesta del Gobierno pretende redefinir el alcance operativo de la ley, precisando criterios técnicos y ordenando competencias entre Nación y provincias. Aunque mantiene el principio de protección de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua, busca reinterpretar su aplicación bajo el marco constitucional que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales.
La ministra Latorre ha destacado la necesidad de generar información más precisa sobre las zonas periglaciares, un aspecto clave en la discusión técnica. Mendoza ya está trabajando en este sentido en el distrito minero Malargüe Occidental, colaborando con el sector científico y las autoridades locales.
Por su parte, Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, ha defendido la adecuación de la ley, señalando que esta iniciativa se apoya en bases científicas para proteger lo que realmente importa. Moreno ha afirmado que las provincias mantendrán la competencia para autorizar actividades, siempre bajo evaluaciones ambientales, basándose en el Inventario Nacional de Glaciares.
La reforma propuesta incluye varios cambios significativos. El inventario de glaciares y geoformas periglaciales se limitaría a aquellas que cumplan funciones hídricas estratégicas, y se introduciría el principio precautorio, garantizando la protección de las geoformas hasta que se verifique su función hídrica. Además, refuerza el rol de las autoridades provinciales en la gestión de estos recursos, permitiéndoles informar sobre nuevos glaciares o cambios en las funciones hídricas.
En conclusión, las provincias de Mendoza y San Juan apoyan una reforma de la Ley de Glaciares que busca equilibrar la preservación ambiental con el desarrollo productivo, asegurando que la normativa sea efectiva y operativa en la práctica. El debate en el Senado será crucial para definir el futuro de esta legislación y su impacto en la protección de las reservas hídricas del país.
