Mendoza aboga por la adecuación de la ley de Glaciares para mejorar su implementación
La provincia de Mendoza, a través de su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, respalda la actualización de la ley de Glaciares para garantizar su aplicación efectiva, mejorar la información y coordinar mejor entre jurisdicciones.
En la antesala del debate en el Senado sobre la adecuación de la ley de Glaciares, programado para el próximo 26 de febrero, Mendoza ha definido su postura a través de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. La funcionaria ha expresado el apoyo de la provincia a una actualización normativa que permita fortalecer la implementación de la ley y resolver los vacíos de información actuales.
Latorre ha enfatizado que el objetivo principal es mejorar la calidad de la información sobre las zonas periglaciares y reforzar la articulación institucional para asegurar que la ley se cumpla de manera efectiva. Según la ministra, el desafío radica en coordinar capacidades entre la Nación, el sector científico, y las autoridades locales para abordar el déficit de información existente, especialmente en el sur de la provincia, en áreas como el distrito minero Malargüe Occidental.
La adecuación propuesta por el Gobierno busca redefinir el alcance operativo de la ley 26.639, precisando criterios técnicos y ordenando competencias entre Nación y provincias. Aunque el principio de protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua se mantiene, la aplicación se reinterpretará bajo el marco constitucional que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales, buscando un equilibrio entre tutela ambiental y desarrollo productivo.
Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, ha defendido también la adecuación de la ley, señalando que permitirá a las provincias mantener la competencia para autorizar actividades bajo evaluaciones ambientales, apoyadas en el Inventario Nacional de Glaciares.
El proyecto de reforma de la ley de Glaciares, que se debatirá en el Senado, incluye modificaciones significativas como la limitación del Inventario Nacional de Glaciares a aquellos que cumplan funciones hídricas estratégicas, la incorporación del principio precautorio, y la redefinición de las competencias de las autoridades provinciales. Estas medidas buscan mejorar la operatividad de la ley y asegurar su aplicación efectiva, evitando que quede en 'letra muerta'.
La discusión en el Senado forma parte de una serie de sesiones extraordinarias que abordarán otros temas relevantes como el Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral. La adecuación de la ley de Glaciares es central para las provincias que desarrollan actividades en zonas cordilleranas, donde es crucial contar con normas claras y basadas en información precisa.
