El inicio del proceso de evaluación ambiental del Distrito Minero Occidental III en Malargüe, Mendoza, marca un nuevo capítulo en el debate sobre la aplicación de la Ley de Glaciares y el papel de las provincias en la gestión de recursos naturales en áreas de alta montaña. Este proyecto, que abarca 18.754 km² en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe, integra 71 proyectos de exploración metalífera, destacando la importancia de las variables glaciares y periglaciares en el análisis técnico ambiental.
El contexto de la evaluación ambiental
La apertura formal del procedimiento ambiental, impulsada por las autoridades mineras y ambientales de Mendoza, se da en un contexto nacional donde las competencias jurisdiccionales y los estándares de protección en zonas de alta montaña son temas de intenso debate. El Informe Técnico Ambiental, elaborado en esta etapa, identifica proyectos con distintos niveles de interacción con glaciares inventariados, como el caso de Las Damas, que presenta una superposición significativa con áreas glaciares, y otros proyectos como El Vasco, Cobre Rosario, Pinot IX y San Francisco, que tienen interacciones de menor escala.
Este enfoque busca anticipar impactos acumulativos y asegurar que las actividades dentro del distrito se realicen de manera simultánea sin comprometer la integridad ambiental de la región. El documento marco socioambiental, que consta de seis capítulos técnicos, incluye la caracterización ambiental, la descripción de las actividades exploratorias y la metodología de evaluación de impactos, además de medidas de gestión ambiental.
Impacto en el sector minero y energético
La evaluación ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental III no solo pone en foco la interacción con glaciares y ambientes periglaciares, sino que también destaca la magnitud potencial de las operaciones. Con un escenario máximo de 100.000 metros perforados y una superficie afectada de alrededor de 4 km², el impacto es relativamente pequeño en comparación con el área total del distrito, que representa apenas el 0,021% de la superficie total.
Este tipo de análisis es crucial en un momento en que el sector minero argentino busca equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental, en línea con el marco regulatorio nacional que incluye la Ley de Glaciares, la Ley 5.961 y el Decreto 820/06. La minería es una de las actividades económicas más dinámicas de Argentina, y la provincia de Mendoza no es la excepción, aunque enfrenta desafíos particulares debido a sus características geográficas y ambientales.
Perspectivas a futuro
El proceso técnico en Malargüe recién comienza, y se espera que la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo elabore un dictamen técnico independiente. Además, organismos sectoriales como Irrigación, IANIGLA e INAI, junto con áreas ambientales provinciales, participarán en la evaluación.
La posibilidad de avanzar hacia instancias participativas y una eventual audiencia pública refleja la escala territorial y la complejidad ambiental de esta tercera etapa del distrito. La implementación de un esquema de evaluación distrital en Mendoza busca anticipar impactos en un corredor cordillerano amplio, con el análisis de glaciares y ambientes periglaciares como uno de los ejes técnicos centrales, alineándose con el debate nacional sobre la aplicación de la Ley de Glaciares y el rol de las provincias en la gestión de los recursos de alta montaña.
A medida que el sector minero argentino se enfrenta a la necesidad de cumplir con estándares ambientales cada vez más rigurosos, iniciativas como la de Malargüe podrían sentar precedentes importantes para futuras exploraciones en zonas sensibles. La sostenibilidad, tanto ambiental como económica, será clave para el éxito de estos proyectos en un mundo que cada vez más exige prácticas responsables y transparentes.
