El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha propuesto un cambio significativo en el enfoque minero de la provincia al cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En lugar de este modelo, Quintela sugiere que las empresas estatales tengan una participación directa en los proyectos mineros junto con capitales privados. Este enfoque busca que una mayor proporción de los beneficios económicos permanezca en el territorio riojano, un cambio que podría alterar el panorama minero de Argentina.
Contexto y antecedentes
La propuesta de Quintela se inserta en un contexto donde La Rioja cuenta con 25 proyectos mineros en diferentes etapas, pero ninguno ha llegado a la explotación. Históricamente, la provincia ha enfrentado retos para obtener la licencia social necesaria para avanzar hacia la explotación minera. El RIGI, por su parte, ha sido un pilar para atraer grandes inversiones mineras en Argentina, ofreciendo incentivos fiscales y beneficios a las empresas que cumplan con ciertos requisitos. Quintela, sin embargo, lo critica como desventajoso para las provincias, dado que considera que no deja suficientes beneficios económicos en las regiones donde se desarrollan los proyectos.
Desarrollo del nuevo modelo
El nuevo modelo propuesto por Quintela contempla la asociación entre empresas privadas y estatales, con la participación del Estado en un porcentaje del valor bruto de la producción, que podría oscilar entre el 10% y el 20%, dependiendo del mineral y las características de cada proyecto. “Nos asociamos con ellos”, explica Quintela, subrayando que el Estado no impondrá condiciones de manera unilateral, sino que buscará acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas, incluidos proveedores y trabajadores locales.
Datos de mercado
Actualmente, La Rioja tiene 17 proyectos en prospección y 8 en exploración. Este enfoque de participación estatal podría cambiar significativamente el mercado minero de la provincia, que en 2022 generó ingresos por alrededor de 3.000 millones de dólares a nivel nacional. La participación estatal busca capturar una mayor parte de estos ingresos, que tradicionalmente han favorecido a las empresas privadas. Comparativamente, provincias como San Juan y Catamarca, que han adoptado modelos más alineados con el RIGI, han visto un crecimiento sostenido en la inversión extranjera directa.
Análisis de impacto
Este cambio de modelo podría tener implicaciones significativas para el sector minero argentino. Los defensores del RIGI argumentan que el régimen actual es esencial para atraer la inversión necesaria para desarrollar proyectos mineros a gran escala. Sin embargo, el enfoque de Quintela podría ofrecer una alternativa más sostenible a largo plazo, al asegurar que los beneficios económicos se distribuyan de manera más equitativa entre los actores locales. Las empresas que no estén dispuestas a aceptar un mayor control estatal podrían optar por invertir en otras provincias o países, lo que representa un riesgo para la captación de capital.
Cierre y perspectiva a futuro
La propuesta de Quintela es un recordatorio de las tensiones inherentes en el sector minero argentino, donde las necesidades de desarrollo económico se enfrentan a preocupaciones ambientales y sociales. A medida que La Rioja avanza hacia la implementación de este modelo, será fundamental observar si logra obtener la licencia social necesaria para la explotación y cómo los actores del sector responden a estas nuevas condiciones. En las próximas semanas, se esperan más detalles sobre cómo se implementará este modelo y qué impacto podría tener en el panorama minero del país.
