En un intento por frenar la escalada inflacionaria, el gobierno argentino decidió postergar nuevamente la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) que afecta a las naftas y el gasoil en las estaciones de servicio. Este movimiento, formalizado a través del decreto 217 y publicado recientemente en el Boletín Oficial, representa un esfuerzo por evitar que el aumento inevitable de los precios de los combustibles golpee aún más el bolsillo de los consumidores.
Según la consultora Economía y Energía, el diferimiento de un mes de estos impuestos representa para el Tesoro una pérdida de recaudación de aproximadamente US$ 150 millones. La ley 23.966, que regula estos tributos, establece que se deben actualizar trimestralmente en enero, abril, julio y octubre, siguiendo las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde enero de 2018.
Contexto económico y marco regulatorio
La decisión de congelar la actualización impositiva llega en un contexto económico complicado, donde la inflación es uno de los principales retos que enfrenta la administración de Javier Milei. El atraso en el ajuste de estos impuestos ha sido una constante desde la gestión de Alberto Fernández, quien también había postergado en múltiples ocasiones la carga impositiva sobre los combustibles.
En la actualidad, el valor del impuesto en las naftas presenta un atraso que la normativa había fijado para el periodo entre septiembre y noviembre de 2024, mientras que en el gasoil, el desfase es menor, y se sitúa entre marzo y mayo de 2025. Esta situación refleja un desafío adicional para el gobierno, que debe equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la presión inflacionaria y las expectativas del sector privado.
Impacto regional y precios de commodities
El precio del crudo Brent, que ha superado los 100 dólares por barril debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, complica aún más el panorama. En las últimas semanas, los combustibles han registrado un aumento cercano al 20%, lo que añade presión sobre las negociaciones entre los productores y refinadoras respecto al precio en el mercado local.
A pesar de que la Ley de Bases establece que el valor de los combustibles debería ser de paridad de exportación, este criterio es difícil de aplicar en el contexto actual. La situación pone en evidencia la complejidad de implementar políticas fiscales en un entorno global volátil y con un mercado interno bajo estrés.
Perspectivas a futuro
El congelamiento de la actualización impositiva es una medida que, si bien alivia momentáneamente la presión sobre los consumidores, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la política fiscal en el mediano plazo. La actual administración deberá enfrentar el desafío de recuperar el valor atrasado de los impuestos, un problema heredado que requiere soluciones creativas y consensuadas con el sector privado.
En este escenario, las políticas energéticas y fiscales deberán considerar no solo las dinámicas internas, sino también las tendencias globales del sector. La transición hacia energías renovables, el impacto del cambio climático y la fluctuación de los precios de los commodities seguirán siendo factores determinantes en la evolución de la matriz energética argentina.
Con miras al futuro, el gobierno de Milei tendrá que equilibrar cuidadosamente las decisiones fiscales para garantizar tanto la estabilidad económica como el desarrollo sostenible del sector energético, un pilar fundamental para el crecimiento del país.
