Estados Unidos considera flexibilizar sanciones petroleras en Venezuela
La posible emisión de una licencia general para inversiones en el sector petrolero podría transformar el panorama energético venezolano tras la caída de Nicolás Maduro.
Estados Unidos está evaluando la posibilidad de otorgar una licencia general que permitiría inversiones petroleras en Venezuela, lo que supondría un cambio significativo en el régimen de sanciones impuesto desde 2019 sobre la industria energética del país sudamericano. Esta iniciativa surge en un contexto marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro, lo que ha generado un interés renovado por parte de empresas internacionales que buscan reanudar o expandir sus operaciones en Venezuela.
Desde la caída de Maduro el pasado 3 de enero de 2026, compañías como Chevron, Repsol y ENI han solicitado permisos para retomar proyectos previamente detenidos debido a las sanciones. Estas restricciones fueron inicialmente implementadas durante el mandato de Donald Trump en 2019, en respuesta a la reelección no reconocida de Maduro en 2018. Las sanciones impactaron gravemente la capacidad de Venezuela para exportar petróleo y acceder a financiamiento externo.
Durante la administración de Joe Biden, se permitió una licencia más amplia que facilitó ciertas exportaciones, pero el retorno de Trump a la presidencia resultó en la revocación de estas concesiones, intensificando las restricciones. Sin embargo, tras los eventos recientes, Washington ha mostrado interés en aliviar algunas sanciones para facilitar un acuerdo de suministro de petróleo.
La licencia general propuesta busca simplificar los procesos burocráticos, ofrecer claridad regulatoria y acelerar la entrada de capital extranjero en el sector energético venezolano. Esta medida reflejaría un enfoque pragmático por parte de la administración de Trump, ahora más inclinada hacia la cooperación energética con el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Caracas. De implementarse, las empresas podrían operar sin necesidad de autorizaciones individuales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que reduciría tanto los tiempos como los costos de inversión en un país con vastas reservas de crudo.
