Escándalo de corrupción en Río Turbio: Las apelaciones retrasan el decomiso de bienes
El caso de corrupción en Río Turbio, que involucra al ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, sigue sin resolverse debido a las apelaciones pendientes. Este caso es parte de una serie de investigaciones sobre irregularidades en la mina de Río Turbio.
El proceso judicial por el escándalo de la 'Ruta de los Mineros' en Río Turbio, Santa Cruz, continúa enfrentando obstáculos, ya que los bienes de los condenados aún no han sido decomisados debido a las múltiples apelaciones presentadas. En 2019, Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue condenado a cuatro años de prisión y a devolver al Estado aproximadamente cinco millones de dólares, en conjunto con otros implicados. Sin embargo, el decomiso de bienes no ha sido ejecutado debido a que Lascurain presentó varios recursos, incluyendo uno extraordinario que aún debe ser resuelto por la Corte Suprema.
El caso de Río Turbio se encuentra entre las varias investigaciones relacionadas con la corrupción en torno a la mina, que el anterior gobierno kirchnerista intentó utilizar como símbolo de industrialización. Otros proyectos, como la usina y el tren turístico Evita, también fueron financiados pero nunca se concretaron. La fiscal Fabiana De León ha buscado acelerar el decomiso, argumentando que debería realizarse antes de que la Corte decida sobre la condena de Lascurain y los otros acusados.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) había dictado la sentencia en 2019, condenando a Lascurain y a otros involucrados, como Atanacio Pérez Osuna, Horacio Matías Mazu, y Miguel Ángel Larregina, por el delito de peculado. El tribunal ordenó la restitución de los fondos desviados, que ascendían a 50 millones de pesos destinados a una ruta que nunca se construyó.
El fiscal Carlos Stornelli, quien investigó el caso, indicó que muchas de las obras proyectadas para el Complejo Minero de Río Turbio no se completaron y presentaron sobreprecios e irregularidades. Fainser SA, empresa de Lascurain, fue acusada de recibir anticipos indebidos por la construcción de la ruta, lo cual fue denunciado por Omar Zeidán, interventor de YCRT bajo el gobierno de Mauricio Macri.
El caso sigue siendo un ejemplo de cómo las apelaciones pueden retrasar la ejecución de sentencias firmes, mientras que el decomiso de bienes robados al Estado queda en espera de resoluciones judiciales definitivas.
