El Tribunal Federal aplaza la ejecución patrimonial en el caso Vialidad
El Tribunal Oral Federal 2 concede más tiempo a Cristina Kirchner tras un nuevo planteo que busca trasladar la ejecución patrimonial al fuero Civil y Comercial, mientras se mantienen las decisiones sobre el decomiso de bienes.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ha tomado varias decisiones en relación al decomiso de bienes de los condenados en el caso Vialidad, con el objetivo de cubrir la suma de $685.000 millones. No obstante, un reciente planteo de la defensa de Cristina Kirchner ha permitido a la ex presidenta ganar tiempo y retrasar la ejecución patrimonial de sus bienes.
La defensa, liderada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó que los procedimientos relacionados con la ejecución patrimonial, como parte del decomiso, dejen de tramitarse en Comodoro Py y sean trasladados al fuero Civil y Comercial. Ante este pedido, el TOF 2 ha concedido el recurso, que ahora deberá ser evaluado por la Cámara de Casación, el tribunal penal más alto del país. Debido a las audiencias programadas, se espera que no haya una decisión hasta dentro de un mes.
A pesar de los intentos de Cristina Kirchner por retrasar la medida, el TOF 2 ya ha tomado algunas decisiones significativas. Tras la confirmación por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de que el monto a decomisar es de $684.990.350.139,86, se recordó a la ex presidenta que el decomiso tiene una cifra base establecida en la sentencia condenatoria de $85.000 millones. Esta cifra fue explicada detalladamente en la decisión del TOF 2.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, coincidieron en que la condena dictada en diciembre de 2022 está firme desde la intervención de la Corte en junio pasado, lo que cierra cualquier debate sobre la procedencia o extensión del decomiso. Bajo este criterio, señalaron que lo que corresponde ahora es su ejecución, con la actualización necesaria para resguardar el valor real de las sumas confiscadas.
El TOF 2 ha decidido avanzar en la ejecución patrimonial sin suspender el trámite, a pesar de los recursos interpuestos. En este contexto, se ha solicitado la opinión de las defensas sobre el listado de bienes a decomisar presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que incluye 20 inmuebles de la familia Kirchner. Estos inmuebles, cedidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en partes iguales en 2016, requieren la opinión de los mismos antes de avanzar en la ejecución.
La Casación sostiene que el decomiso es una consecuencia legal e imperativa de la condena penal, en cumplimiento del Código Penal y de las convenciones internacionales contra la corrupción. Además del caso de Cristina Kirchner, el fiscal general Diego Luciani ha solicitado la ejecución patrimonial de otros 89 inmuebles pertenecientes al empresario Lázaro Báez. Actualmente, se está a la espera de que las defensas se pronuncien sobre estos pedidos antes de que el Tribunal tome una decisión final.
