Cambios en el proyecto de defensa de la soberanía
El oficialismo argentino ha aceptado introducir modificaciones importantes al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado al Congreso por el presidente Javier Milei. Las reformas buscan obtener el apoyo de aliados y se centran en ajustar las prohibiciones a empresas que operan en las islas Malvinas, reformular el delito de “desinformación masiva” y otorgar al Congreso más control sobre las decisiones del Ejecutivo.
Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, está apurando el proceso para que el proyecto se discuta en el recinto esta misma semana. Un plenario de comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores está programado para abordar el tema con la participación de especialistas.
Ajustes en las prohibiciones económicas
El proyecto original establecía sanciones contra empresas que explotan recursos en Malvinas sin autorización argentina. En la versión revisada, las prohibiciones se limitan a proveedores y accionistas que juegan un papel crucial en dichas actividades. Además, se han recalculado las multas para quienes celebren contratos con empresas sancionadas.
Otra modificación significativa es la reducción de la pena mínima de prisión para proveedores esenciales, de cinco a dos años. Además, el dinero recaudado por multas se destinará al Ministerio de Defensa para equipamiento militar.
Control y supervisión del Consejo de Seguridad Nacional
El Consejo de Seguridad Nacional, que será presidido por Milei, tendrá amplias facultades. Sin embargo, se ha creado una Comisión Bicameral de Seguimiento que supervisará sus decisiones, especialmente en casos que impliquen riesgo de guerra.
Una exclusión política notable es la de Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado, quien no figura en la lista de autoridades convocadas al Consejo.
Reformulación del delito de desinformación
El proyecto original incluía penas severas para campañas de “desinformación masiva”. La nueva versión reemplaza este término por “campaña de injerencia extranjera”, exigiendo actos clandestinos o coercitivos. Se aclara que la actividad periodística y académica no constituyen este delito.
Incorporación de control sobre inversiones extranjeras
Se ha añadido un capítulo que permite al Consejo de Seguridad Nacional revisar inversiones extranjeras en sectores estratégicos. El Presidente podrá rechazar o exigir la desinversión de estos proyectos con un decreto fundado. Esta regulación excluye proyectos que ya se hayan adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones antes de la vigencia de la ley.
El oficialismo espera que estas concesiones faciliten la obtención del dictamen necesario para avanzar con el proyecto, coincidiendo con las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde los libertarios consideran enviar una comitiva para respaldar a Donald Trump.
Fuente: lanacion.com.ar
