Retiro de una ley controvertida
El Ejecutivo argentino, liderado por el presidente Javier Milei, solicitó la retirada de un proyecto de ley de Competitividad Financiera apenas tres días después de haberlo enviado al Congreso. La iniciativa, que fue firmada por Milei y otros ministros, incluía un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas por la compraventa de cedears, certificados que permiten invertir en acciones de empresas extranjeras desde Argentina. Este impuesto generó un inmediato rechazo en el mundo financiero.
Detalles del proyecto
La ley fue impulsada por el ministro Federico Sturzenegger y firmada digitalmente por Milei en la madrugada del 31 de octubre. El proyecto establecía que el nuevo impuesto afectaría a los cedears adquiridos desde esa misma fecha. Sin embargo, ante la reacción negativa y la controversia generada, el Gobierno decidió solicitar su retiro formal el 3 de noviembre, a las 22:50 horas.
Reacciones y críticas
El anuncio del impuesto no sólo causó molestia en el sector financiero, sino que también resultó embarazoso para una administración que había prometido no incrementar impuestos. Las críticas se multiplicaron en redes sociales, lo que llevó a funcionarios y asesores a desmarcarse de la medida y atribuirla a un "borrador viejo". Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, comunicó que la medida no prosperaría, afirmando que se retiraría.
Consecuencias políticas
El Gobierno temía que la oposición utilizara la situación para avanzar con un impuesto que el oficialismo ya había decidido desechar. Por ello, en lugar de modificar el artículo controvertido, optó por retirar el proyecto completo. Esta decisión se tomó también en un contexto donde el peronismo había propuesto gravar ciertas operaciones financieras, como lo demostraba un proyecto previo de Máximo Kirchner.
Precedentes de descoordinación
Este episodio no es el único caso de descoordinación en el Ejecutivo. Anteriormente, un proyecto de presupuesto que derogaba aspectos de la legislación sobre discapacidad había generado tensiones internas. En esa ocasión, el Gobierno debió aceptar demandas de sus aliados para avanzar con una legislación que recuperara puntos clave de la normativa vigente.
En conclusión, el retiro del proyecto de ley de Competitividad Financiera evidencia las dificultades del actual gobierno en coordinar sus iniciativas legislativas y gestionar las críticas del sector financiero y político.
Fuente: lanacion.com.ar
