El Gobierno argentino ha decidido, una vez más, modificar el calendario impositivo que afecta a los combustibles. Mediante el Decreto 1126/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, las autoridades han resuelto que los aumentos pendientes en los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono no se aplicarán en octubre, sino que entrarán en vigencia en noviembre. Esta medida afecta a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y busca evitar que el incremento acumulado impacte de manera inmediata en los precios de los combustibles. La decisión se da en un contexto de presión internacional sobre los precios del petróleo, exacerbada por los conflictos en Medio Oriente, lo que podría trasladarse al valor final de las naftas y el gasoil en el país.
Contexto y Antecedentes
El aplazamiento de los aumentos en los impuestos a los combustibles no es una novedad en la política fiscal argentina de los últimos años. Desde mediados de 2024, el gobierno ha optado en repetidas ocasiones por demorar o dividir los incrementos tributarios correspondientes, con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario que podrían tener sobre el precio final de las naftas y el gasoil. Este mecanismo de ajuste está vinculado a la evolución de la inflación y se ha aplicado de manera trimestral desde septiembre de 2025. En este contexto, la administración de Javier Milei busca sostener la actividad económica dentro de un marco fiscal sostenible, mientras enfrenta las presiones del mercado energético internacional.
Desarrollo Económico y Regional
La decisión de postergar nuevamente los aumentos impositivos se sustenta en la necesidad de mantener un crecimiento económico sostenible en un contexto de alta inflación. Según el decreto, el gobierno considera esencial diferir los incrementos remanentes para evitar que se sumen a los recientes aumentos de precios realizados por las compañías petroleras. En los últimos días, las principales petroleras del país han ajustado sus precios entre un 2% y un 5%, reflejando las tensiones en el mercado internacional del petróleo, donde el Brent ha superado los u$s100 por barril. Así, la postergación del impuesto busca evitar un choque adicional en los costos de los consumidores, especialmente en un momento en que los precios de los combustibles ya han experimentado cambios significativos.
Datos de Mercado
El aplazamiento de los impuestos ha tenido un impacto directo en la recaudación fiscal. De acuerdo con la consultora Economía y Energía, las postergaciones de 2025 resultaron en una pérdida de ingresos fiscales estimada en u$s2.326 millones. En cuanto a los precios, las petroleras han reflejado en sus ajustes recientes el alza en el costo del crudo, con el Brent alcanzando niveles críticos. Estos cambios se suman a los incrementos del 1% aplicados por YPF en septiembre para naftas y gasoil. La situación subraya la complejidad de equilibrar las necesidades fiscales del Estado con la estabilidad económica de los consumidores y las empresas del sector.
Análisis de Impacto
La postergación de los aumentos impositivos tiene implicaciones significativas para el sector energético argentino. Desde un punto de vista fiscal, el gobierno resigna ingresos importantes en un intento por contener la inflación y estimular el crecimiento económico. Sin embargo, esta estrategia también podría tener efectos negativos a largo plazo, ya que las postergaciones constantes crean incertidumbre en los mercados. Los consumidores, por otro lado, experimentan un alivio temporal en sus costos, aunque la presión internacional sobre los precios del petróleo sigue siendo un factor de preocupación.
Perspectivas a Futuro
Mirando hacia adelante, la fecha clave es el 1° de noviembre de 2026, cuando se espera que entren en vigencia los aumentos impositivos postergados. Hasta entonces, será crucial monitorear la evolución de los precios internacionales del petróleo y las decisiones de ajuste de las petroleras locales. Además, cualquier nuevo desarrollo en el contexto geopolítico podría alterar el actual equilibrio del mercado energético. En el mediano plazo, el desafío para el gobierno será encontrar un balance entre la necesidad de ingresos fiscales y el mantenimiento de la estabilidad económica en el país.
