El reciente hallazgo de altas concentraciones de oro, plata y cobre en el proyecto Lunahuasi, ubicado en el departamento Iglesia de San Juan, ha reavivado una disputa territorial con la provincia vecina de La Rioja. El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, desmintió categóricamente las declaraciones del ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, quien afirmó que parte del yacimiento se encuentra en suelo riojano. Perea insistió en que el proyecto está íntegramente en San Juan, basándose en la Ley Nacional 18.004 de 1968 que define las jurisdicciones interprovinciales.
Contexto y Antecedentes
La controversia no es nueva, pero ha ganado intensidad tras los resultados alentadores de perforación reportados por la empresa NGEx Minerals, que cotiza en la bolsa de Toronto. Estos resultados sugieren que Lunahuasi podría convertirse en uno de los yacimientos más prometedores de Argentina dentro del Distrito Vicuña. La disputa territorial se había aplacado previamente con la posibilidad de un acuerdo entre la empresa Vicuña y el gobernador riojano Ricardo Quintela, pero la publicación de estos hallazgos ha vuelto a encender la chispa del conflicto.
En este contexto, el ministro Perea enfatizó que la Ley Nacional 18.004, ratificada por el Digesto Jurídico Argentino en 2014, ha establecido los límites de manera ininterrumpida por 57 años. Esta normativa se ha mantenido a través de diversas administraciones políticas, lo que, según Perea, refuerza la falta de fundamento en las reclamaciones de La Rioja.
Implicaciones Económicas y Ambientales
La disputa no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas y ambientales. Con una inversión potencial superior a los 30 mil millones de dólares en la provincia de San Juan, y más del 60% de los proyectos bajo el Régimen de Inversión para Grandes Inversiones (RIGI), la región se proyecta como el principal polo minero del país. Desde el punto de vista ambiental, el ministro Perea desmintió la afirmación de que el proyecto utiliza el glaciar El Potro, explicando que este está separado por una cadena montañosa, lo cual impide cualquier impacto físico o ambiental sobre el glaciar.
Por otro lado, La Rioja aboga por un modelo de gestión conjunta similar al que implementan Salta y Catamarca para el litio, donde los salares son compartidos. Sin embargo, Perea calificó esta comparación de impropia, argumentando que Lunahuasi es un proyecto netamente sanjuanino con jurisdicción claramente definida por la ley.
Perspectivas Futuras y Desafíos
El conflicto entre San Juan y La Rioja no solo pone en juego recursos minerales valiosos, sino que además afecta la percepción de seguridad jurídica en Argentina, un factor crucial para atraer inversiones extranjeras en un momento donde el país necesita capital para impulsar su industria minera. Las autoridades sanjuaninas advierten que la imagen del país se deteriora ante los inversores internacionales a raíz de estas disputas jurisdiccionales, lo que puede tener efectos adversos en futuras inversiones.
En conclusión, mientras San Juan defiende su territorio y leyes con firmeza, la resolución de este conflicto será crucial para el desarrollo minero en la región. Las próximas etapas del proyecto Lunahuasi y la forma en que se maneje esta disputa territorial podrían sentar precedentes importantes para la minería en Argentina. Los pasos que tomen las autoridades en las semanas siguientes serán determinantes para el futuro del sector en ambas provincias.
