Desafíos y Realidades del Plan Petrolero de Trump en Venezuela
El ambicioso plan de Donald Trump para revitalizar la industria petrolera venezolana enfrenta obstáculos legales, financieros y de confianza empresarial, mientras los traders internacionales toman la delantera.
La intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revitalizar rápidamente la industria petrolera de Venezuela y devolverla a niveles de producción históricos se enfrenta a una serie de obstáculos complejos. A pesar de las promesas de la Casa Blanca de invertir hasta 100.000 millones de dólares, las principales compañías petroleras estadounidenses han reaccionado con precaución, estableciendo límites claros a un plan que, por el momento, avanza más rápido en el discurso que en la práctica.
El plan petrolero de Trump para Venezuela enfrenta múltiples desafíos: riesgos legales, deudas significativas y desconfianza empresarial. Aunque se prometen inversiones sustanciales para reactivar la industria, las grandes petroleras de EE.UU. expresan reservas significativas.
Curiosamente, en el nuevo esquema petrolero venezolano, los primeros beneficiados no han sido las grandes petroleras norteamericanas, sino las grandes comercializadoras internacionales de crudo. Empresas como Vitol y Trafigura han obtenido licencias preliminares para negociar y exportar petróleo venezolano, aprovechando su mayor tolerancia al riesgo, su logística a gran escala y su experiencia en operaciones complejas en mercados sancionados.
Fuentes del sector, citadas por Reuters y Bloomberg, indican que Washington ha recurrido a estos traders debido a su capacidad para reactivar rápidamente las exportaciones, una prioridad crucial para generar ingresos que sostengan al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
En este contexto, Estados Unidos y Venezuela están ultimando un acuerdo de 2.000 millones de dólares para vender hasta 50 millones de barriles de petróleo que habían quedado varados debido al bloqueo impuesto semanas atrás.
Mientras que Trafigura se prepara para su primer embarque y Vitol avanza con el suministro de crudo liviano, necesario para diluir el petróleo pesado venezolano, las grandes petroleras estadounidenses observan el proceso con distancia. Chevron, la única que opera actualmente en Venezuela bajo una licencia especial, compitió por los acuerdos iniciales pero fue superada por los traders debido a los riesgos legales y financieros.
Venezuela tiene una deuda externa de más de 150.000 millones de dólares, y muchos de sus acreedores son precisamente las petroleras a las que Trump intenta atraer. ConocoPhillips y Exxon Mobil reclaman alrededor de 14.000 millones de dólares por expropiaciones realizadas hace dos décadas, temiendo que los ingresos petroleros puedan ser embargados en tribunales internacionales.
Para abordar este problema, Trump firmó un decreto que bloquea a tribunales y acreedores el acceso a los fondos generados por la venta de crudo venezolano, siempre que se encuentren en cuentas controladas por el Tesoro estadounidense. Sin embargo, este gesto no disipa todas las dudas.
Desde Exxon Mobil, el CEO Darren Woods calificó a Venezuela como "ininvertible" en su estado actual, solicitando garantías de seguridad jurídica y una reforma profunda de la ley de hidrocarburos antes de considerar un regreso al país. Trump reaccionó con molestia, sugiriendo incluso que podría bloquear inversiones de Exxon en Venezuela.
A estos problemas se suman desafíos operativos, como el uso de buques incluidos en listas negras de Washington para el transporte de crudo venezolano, y el papel de China, uno de los mayores acreedores de Caracas y receptor de cargamentos de crudo como pago de deuda.
A corto plazo, el potencial de crecimiento de la producción es limitado. Chevron estima que podría aumentar su producción en un 50% en dos años, mientras que Repsol prevé triplicar su producción en un plazo de dos a tres años. Sin embargo, estos incrementos son modestos en comparación con los niveles de producción de la década de 1990.
A largo plazo, los expertos coinciden en que Venezuela necesita reformas estructurales profundas para atraer inversiones masivas, incluyendo la reducción de la participación estatal obligatoria en las empresas mixtas, la disminución de regalías e impuestos, y la revisión del monopolio de PDVSA sobre la comercialización del crudo.
El mensaje de la industria es claro: las promesas políticas no son suficientes. Las inversiones en el sector energético son a largo plazo, y el plan de Trump enfrenta el desafío de convertir la urgencia geopolítica en certidumbre jurídica y económica. Sin estas garantías, Venezuela podrá exportar algo más de crudo, pero difícilmente recuperará su lugar en el mapa energético global.
