Debate sobre la Ley de Glaciares: Hacia una posible reforma en Argentina
El gobierno argentino impulsa la reforma o derogación de la Ley de Glaciares para fomentar inversiones mineras, mientras el IANIGLA subraya la importancia de los glaciares como reservas hídricas.
El debate en torno a la Ley 26.639, conocida como la Ley de Glaciares, ha resurgido en el ámbito político, económico y ambiental de Argentina. El gobierno nacional está considerando la posibilidad de reformar o derogar esta normativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre diciembre y febrero. Este movimiento busca facilitar inversiones en el sector minero, particularmente en la extracción de cobre y otros minerales críticos, además de redefinir las competencias entre la Nación y las provincias.
En este contexto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del Inventario Nacional de Glaciares (ING), ha publicado un comunicado que aporta información crucial al debate. La Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, con el fin de preservar estas áreas como fuentes estratégicas de agua para diversos usos. El IANIGLA ha enfatizado que no ha sido consultado por el gobierno sobre posibles modificaciones a la ley y ha recordado que su responsabilidad es técnica, centrada en el monitoreo del ING.
La importancia hídrica de los glaciares es crítica, especialmente para provincias áridas como Mendoza, que dependen casi exclusivamente del aporte de nieve y glaciares para su suministro de agua. El reciente comunicado del IANIGLA también destaca una reducción significativa en la superficie glaciar y en los manchones de nieve perenne, según la actualización del ING para 2024.
El trasfondo político del debate está influenciado por la intención del presidente Javier Milei de atraer inversiones estratégicas en minería, lo que ha puesto a la Ley de Glaciares en el centro de atención. El gobierno considera varias opciones para avanzar, incluyendo un decreto de necesidad y urgencia, una nueva ley aclaratoria o incluso la intervención de la Corte Suprema, aunque esta última es vista como políticamente inviable.
La discusión sobre la Ley de Glaciares no es nueva. Desde su sanción en 2010, ha sido criticada por su ambigüedad en la definición del ambiente periglacial, lo que ha generado inseguridad para las inversiones mineras. En contraste, Chile ha adoptado un enfoque regulatorio diferente, permitiendo mayor flexibilidad para proyectos mineros, aunque también ha enfrentado críticas de grupos ambientalistas.
A más de una década de su implementación, Argentina parece estar en camino hacia una revisión significativa de su marco legal para encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la certeza para las inversiones.
