Debate sobre la Ley de Glaciares: Gobierno evalúa cambios para impulsar la minería
El Gobierno argentino considera modificar la Ley de Glaciares para facilitar inversiones mineras, mientras el IANIGLA destaca la importancia hídrica de los glaciares.
La Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, ha vuelto a ser el centro de un intenso debate político, económico y ambiental en Argentina. El Gobierno nacional está considerando la posibilidad de derogar o reformar profundamente esta normativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso previstas entre diciembre y febrero. El objetivo principal es destrabar inversiones mineras en cobre y otros minerales críticos, y redefinir las competencias entre el Gobierno nacional y las provincias. En este contexto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha emitido un comunicado clave que aporta información técnica al debate.
La Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, con el fin de conservar estas reservas como fuentes estratégicas de agua para consumo humano, agricultura, biodiversidad, ciencia y turismo. A pesar de su importancia, el IANIGLA aclaró que no ha sido consultado oficialmente sobre ninguna propuesta de modificación de la ley. Además, el instituto subrayó que su rol es técnico-científico, centrado en el Inventario Nacional de Glaciares (ING), que identifica y monitorea glaciares y manchones de nieve perenne como reservas hídricas.
El debate sobre la Ley de Glaciares no es nuevo. Desde su sanción en 2010, ha sido objeto de críticas debido a su inclusión del "ambiente periglacial", lo que algunos consideran ambiguo y generador de inseguridad jurídica para inversiones mineras. En contraste, Chile ha adoptado un enfoque regulatorio diferente, optando por normativas sectoriales para proteger los campos de hielo sin una legislación tan amplia como la Ley 26.639.
La discusión actual se enmarca en un contexto político en el que el presidente Javier Milei ha señalado la ley como un obstáculo para el desarrollo minero y ha promovido un esquema que permita mayor autonomía a las provincias para definir zonas protegidas. El senador Francisco Paoltroni ha confirmado que la derogación de la ley será discutida en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, junto con otras reformas económicas.
El Gobierno evalúa tres alternativas para modificar la ley: un decreto de necesidad y urgencia (DNU), una nueva ley aclaratoria o la intervención de la Corte Suprema. Sin embargo, las provincias mineras, especialmente San Juan, piden una ley nacional que delimite competencias y brinde estabilidad jurídica.
En conclusión, el futuro de la Ley de Glaciares está en juego, con un enfoque que busca equilibrar la protección ambiental con la promoción de inversiones mineras estratégicas en Argentina.
