Debate en el Congreso sobre la reforma de la ley de DNU genera tensiones políticas
El Congreso argentino se prepara para discutir la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un tema que genera divisiones tanto en el oficialismo como en la oposición.
El Congreso argentino se encuentra ante un importante debate político en torno a la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta semana, la oposición planea avanzar en la Cámara de Diputados con el dictamen del proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado. La propuesta busca modificar el procedimiento actual, en el que un DNU es válido desde su firma a menos que ambas cámaras lo rechacen, estableciendo que ahora requerirá la aprobación de ambas cámaras por mayoría absoluta en un plazo de 90 días para su validez.
La reforma ha generado un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas. Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Izquierda y, curiosamente, Unión por la Patria, han manifestado su apoyo a la modificación, justificando su cambio de postura en el contexto del actual gobierno de Javier Milei. Sin embargo, tanto la Coalición Cívica como la Unión Cívica Radical (UCR) han expresado su apoyo a la reforma, aunque señalan errores en el texto actual.
Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada radical, ha destacado la necesidad de un estándar riguroso para los DNU, pero ha advertido sobre el riesgo de aplicar esta exigencia de manera selectiva, lo cual podría ser desestabilizador. Algunos legisladores radicales sugieren establecer un plazo de aplicación diferido para permitir al actual gobierno utilizar la herramienta durante la mayor parte de su mandato.
Por su parte, en el PRO existen divisiones internas. Mientras Silvia Lospennato defiende la coherencia con la postura histórica del partido, otros miembros prefieren postergar la reforma para después de las elecciones, argumentando que no es el momento adecuado para discutirlo.
El futuro de la reforma depende de la capacidad del Congreso para alcanzar un consenso. Si se introducen cambios al proyecto, deberá volver al Senado, lo que podría retrasar su implementación. La discusión refleja no solo las tensiones políticas actuales, sino también el desafío de equilibrar la necesidad de controles democráticos con la funcionalidad del gobierno.
