Controversia por la presencia de una petrolera británica en Argentina bajo el contexto de Vaca Muerta
La llegada de Premier Oil PLC a Argentina, a través de Harbour Energy, genera debate sobre la normativa vigente respecto a la exploración en las Islas Malvinas.
La reciente expansión de Premier Oil PLC en Argentina, mediante su fusión con Harbour Energy, ha captado la atención del sector energético y político del país. Esta situación se da en un contexto de desregulación económica promovida por el gobierno de Javier Milei y el auge de la actividad en Vaca Muerta. La presencia de la compañía en las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Neuquén y Río Negro ha reavivado el debate sobre la legalidad de las operaciones en las Islas Malvinas, consideradas por Argentina como territorio en disputa.
En 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, Premier Oil fue sancionada por realizar actividades de exploración y explotación en la plataforma continental argentina, en las aguas circundantes a las Malvinas. A pesar de que la legislación que prohíbe estas actividades sigue vigente, su aplicación ha sido inconsistente, lo que ha generado confusión y controversia.
Harbour Energy, que ahora incluye a Wintershall Dea Argentina S.A., asegura cumplir con todas las normativas nacionales y provinciales. Sin embargo, la situación es compleja debido a la naturaleza multinacional de su composición accionaria, que incluye a BASF, Citigroup y EIG Global Energy Partners. No hay registros de sanciones recientes contra Harbour Energy o Wintershall Dea por parte del Estado argentino.
El debate se intensifica con las relaciones exteriores, donde algunos ministerios critican a la Cancillería por no avanzar en las conversaciones con el Reino Unido. La firma de una nueva hoja de ruta entre ambos países ha generado divisiones políticas internas, especialmente en torno a la soberanía de las Islas Malvinas y las normativas de sanciones a empresas pesqueras e hidrocarburíferas.
Mientras tanto, el Reino Unido defiende el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a explotar sus recursos naturales, en conformidad con la legislación local y las normas internacionales. Esta situación refleja las tensiones persistentes en torno a la soberanía de las islas y las relaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido.
