Controversia por la posible privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
La presentación de un nuevo amparo colectivo busca detener la venta parcial de la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país, argumentando riesgos para la soberanía energética.
El concejal Fernando Martínez, del partido de Exaltación de la Cruz, ha presentado un nuevo amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana, con el objetivo de frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), una empresa estatal que gestiona las tres centrales nucleares del país. Esta acción legal, la segunda desde que se hizo pública la posible privatización, busca declarar inconstitucional el Decreto 695/2025 y resaltar los riesgos que implicaría esta venta para la soberanía energética del país.
NA-SA opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. A pesar de la política del Gobierno Nacional de vender empresas públicas deficitarias, NA-SA es rentable, reportando ganancias de 17 millones de dólares en el primer trimestre del año. El concejal Martínez argumenta en el amparo que la privatización de una empresa eficiente y segura carece de justificación técnica y económica, y podría comprometer la estabilidad del sistema energético.
El amparo también solicita una medida cautelar para detener cualquier proceso de licitación, oferta o transferencia de acciones hasta que se resuelvan los amparos presentados. Además, se busca evitar una privatización parcial que podría resultar en aumentos tarifarios y el desfinanciamiento del sector, afectando a los usuarios que quedarían desprotegidos frente a intereses privados.
Anteriormente, la diputada Gabriela Estévez, de Unión por la Patria, había presentado un amparo similar en Córdoba, cuestionando la legalidad del decreto y la resolución del Ministerio de Economía. Martínez concluye en su documento que NA-SA es un bien público, fruto de décadas de inversión y compromiso argentino, y que su venta no puede justificarse sin consulta pública ni control legislativo.
