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Controversia Judicial por Caso de Fentanilo Contaminado: Gobierno Exige Acciones

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Controversia Judicial por Caso de Fentanilo Contaminado: Gobierno Exige Acciones

El Gobierno Nacional solicita al juez Ernesto Kreplak la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB, por su implicación en la distribución de fentanilo contaminado que causó más de 100 muertes.

El Gobierno Nacional ha solicitado al juez Ernesto Kreplak, encargado de la investigación por las muertes causadas por fentanilo contaminado, que ordene la detención de Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB. La petición se fundamenta en un posible conflicto de intereses, ya que Kreplak es hermano del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien es señalado como uno de los principales clientes del laboratorio involucrado.

La administración presidida por Javier Milei ha advertido que, de no proceder con la detención, se procederá a recusar al juez bajo la presunción de conflicto de intereses. En respuesta, el juez Kreplak recordó al Presidente su obligación constitucional de no interferir en procesos judiciales en curso.

Ariel García Furfaro, vinculado anteriormente con Lázaro Báez y con antecedentes penales, es señalado como responsable de la distribución del lote de fentanilo que resultó fatal para más de un centenar de personas. El Gobierno asegura que todas las dosis contaminadas han sido retiradas gracias a la intervención del Ministro de Salud, Mario Lugones.

El caso ha adquirido un tono político, con el Presidente Milei señalando la influencia del kirchnerismo en la protección de Furfaro y criticando la relación entre el juez y el Ministro de Salud bonaerense. Además, se ha destacado que el laboratorio HLB no había sido inspeccionado desde 2020 hasta que en 2024 se ordenó una revisión que culminó en la prohibición de sus actividades productivas.

El Ministerio de Seguridad ha iniciado investigaciones adicionales contra HLB Pharma por documentación falsa y evasión tributaria, mientras que el Gobierno subraya su compromiso de avanzar en el caso para garantizar justicia y transparencia.

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