La empresa estatal de distribución de gas de Santa Cruz, Distrigas S.A., se encuentra en el centro de una polémica debido a su decisión de avanzar con la preadjudicación de una licitación millonaria para el transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El proceso, identificado como Licitación Pública N° 0030/DGSA/2025, busca contratar el servicio para abastecer a cuatro localidades del interior de la provincia. Sin embargo, ha sido objeto de una objeción formal ante el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, que aún no ha emitido un dictamen.
Preadjudicación bajo la lupa
El núcleo del conflicto radica en la recomendación de preadjudicar el contrato a P. Tortoriello y Cía S.A., cuya propuesta económica supera en 550 millones de pesos a otra oferta válida. Según los documentos del proceso licitatorio, la oferta más económica fue presentada por Roligas S.A., con sede en Mar del Plata, por $6.225.727.738. Le sigue Transporte J.C. Morrison, de Río Gallegos, con $6.239.433.123. Por su parte, P. Tortoriello y Cía S.A., de Cipolletti, propuso $6.790.152.597,52.
La denuncia presentada al órgano de control también señala posibles inconsistencias en la planilla de cotización de P. Tortoriello y Cía S.A. Se mencionan diferencias entre los valores unitarios y los montos totales, lo que podría generar errores de cálculo y complicar la determinación del precio final real de la oferta. De confirmarse estas observaciones, no solo se incrementaría el desembolso estatal, sino que se cuestionaría la transparencia y equidad del procedimiento.
Impacto en el sector energético
Este episodio no solo afecta a la administración provincial, sino que también tiene implicaciones significativas para el sector energético en Santa Cruz y, por extensión, en Argentina. El país enfrenta desafíos en la distribución y transporte de gas, un recurso crucial para la matriz energética local. La transparencia y eficiencia en las licitaciones públicas son esenciales para garantizar un suministro confiable y económico de energía.
Este caso resalta la importancia de un marco regulatorio sólido, como el que ofrecen programas nacionales como el Plan Gas, que busca incentivar la producción de gas natural mediante mecanismos competitivos y transparentes. Sin embargo, las denuncias de irregularidades en convocatorias como esta ponen en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y asegurar la integridad de los procesos.
Perspectivas y próximos pasos
El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz tiene ahora la tarea de determinar si el proceso licitatorio cumplió con los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad y economía. Su dictamen podría tener repercusiones no solo para los involucrados directos, sino también para futuras licitaciones en la provincia y el país.
En un contexto donde los precios de los commodities energéticos fluctúan y las inversiones en infraestructura son más necesarias que nunca, garantizar procesos claros y justos es vital para atraer inversiones y asegurar el desarrollo sostenible del sector energético. La resolución de este caso podría sentar precedentes importantes para la administración pública y el sector privado en Argentina.
A futuro, se espera que las autoridades revisen los procedimientos internos para prevenir situaciones similares y refuercen el marco regulatorio vigente, asegurando que el interés público sea siempre la prioridad en las contrataciones estatales.
